Carece México de mecanismo legal que rija proceso de adopción

Aunque dos veces se ha presentado en las Cámaras de Diputados y de Senadores, México no ha podido concretar una Ley General de Adopciones principalmente por la problemática de homologar las ya existentes en cada entidad del país, pese a que se necesita un marco jurídico más amigable para agilizar el proceso, explicó Yezka Garza Ramírez, Procuradora de los Niños, las Niñas y la Familia en Coahuila.

“Muchos estados donde nosotros hemos ido a capacitar ni siquiera cuentan con un reglamento para poder emitir el certificado de idoneidad de las familias que nos marca la ley (General de Niños, Niñas y Adolescentes), en la reforma que se promulgó en el 2014, pero no tenemos un mecanismo legal rector de toda la política de adopciones a nivel nacional”.

Indicó que en principio se debe mejorar para tener niños susceptibles de irse en adopción. Es el litigio que se debe llevar por parte de los procuradores de protección integral de niños, niñas y adolescentes para una liberación jurídica del menor. Y es que el certificado de idoneidad tiene validez nacional, no obstante, las evaluaciones que deben de cubrir las familias no están homologadas.

El año pasado se asignaron a 153 niños que están próximos a recibir sentencia y este año alrededor de 23 niños ya han sido asignados a una familia u hogar sustituto.

Actualmente la población cautiva es de aproximadamente 325 niños en los 39 albergues de Coahuila, el 60 por ciento son adolescentes “ya estamos próximos a liberar a todos los adolescentes que si bien no son candidatos de irse en adopción con una familia mexicana, tenemos la obligación de sacar su juicio de patria potestad”, mencionó.

Por lo pronto se manejan albergues de puertas abiertas para los 80 adolescentes en esta situación en la entidad, donde los jóvenes pueden iniciar su proyecto de vida.

La Procuradora destacó que cada vez niños más grandes se ubican en situación extraordinaria, con edades de 10 a 14 años.

De los niños que son susceptibles de ponerse a cargo del sistema estatal, 8 por ciento se van a un juicio de pérdida de patria potestad; desde el año pasado se han acumulado más de 70 juicios, ya que los padres pueden llegar a un proceso de apelación; éstos en menores que van desde los dos a los 15 años.

Destacó que en el caso de Coahuila se solicita la colaboración del estado de origen de los aspirantes a la adopción en caso de que exista interés en niños que estén resguardados en la entidad y una vez que se encuentra listo se emite el certificado de idoneidad, sin embargo, no es algo que se practique en otras entidades del país.

“Hay estados que sacan cinco adopciones al año, a comparación de 150 que nosotros sacamos; hay otras entidades que aún practican la adopción entre particulares que fue una de las recomendaciones del Comité de Naciones Unidas en 2015, donde las entidades ya deberían transitar a la prohibición de la misma”.

En el caso de los niños hijos de víctimas de feminicidio, explicó que ya se tiene un seguimiento y en la mayor parte de los casos se decreta una guardia y custodia de emergencia con familiares “si se presume que el agresor va por parte de la familia paterna emitimos la guardia y custodia por lo general del abuelo o abuela maternos”. Y es que en el 99 por ciento de los casos el perpetrador del ilícito es el padre o pareja de la víctima.

Actualmente en la entidad existen 30 niños atendidos en esta situación cuyos casos datan del 2013 a la fecha, entre ellos 10 niños impactados en estos últimos años, ya que en 2017 hubo casos de hasta tres hermanos hijos de víctimas de este delito. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)