JUAN ANTONIO MARTÍNEZ BARRIOS
El Ayuntamiento de Torreón todavía no concluye el control de daños relativo al incremento a la tarifa del transporte público cuando ya tiene otro encima derivado de la conducta del director de Tránsito y Vialidad, Pedro Luis Bernal Espinoza, entre otros.
El colaborador del alcalde Jorge Zermeño Infante ya fue denunciado no solamente ante la Comisión de Derechos Humanos sino también ante la Fiscalía General del Estado por abuso sexual por parte de una agente de la corporación.
Por supuesto, el funcionario negó los hechos y fue apoyado por Zermeño Infante. En contra del responsable de Tránsito también pesan muchas quejas de entre los elementos que tienen que ver con el maltrato que reciben de su jefe y necesariamente por el caso del ”tequiliú”, viejo vicio que no respeta ideologías, credos ni colores.
En realidad, al presidente municipal se le acumulan problemas, derivados de malas decisiones, de la ausencia de efectivos asesores, de la insensibilidad de sus funcionarios, en lo que tiene mucho que ver el secretario del Ayuntamiento, Sergio Lara Galván, así como de la postura rabiosamente insensible y recaudatoria del tesorero Hernán Sirgo Ortiz.
La política del director de Finanzas ha repercutido en un incremento desmedido del impuesto predial, en un comportamiento “terrorista” de los elementos de la Dirección de Inspección y Verificación, en la molestia de las cuadrillas de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Urbanismo a quienes literalmente mandan a diario a cazar cualquier mínima pila de tierra al exterior de casa habitación o negocio para aplicar la consabida multa, y emprender una indiscriminada campaña contra los anuncios espectaculares supuestamente irregulares; un contralor, Juan Carlos Álvarez Venegas, que decide arbitrariamente quién puede ser proveedor y quién no y que deja fuera a quien le da su gana.
Por lo pronto, el director de Tránsito, que ya el año pasado sorteó varios casos de conducta irregular, tendrá que responder a la agente que lo acusa de abuso sexual, no ante Asuntos Internos, sino ante la Fiscalía General del Estado.
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