El Congreso de Coahuila aprobó por unanimidad el dictamen para la creación de la Ley de Prevención del Suicidio para el Estado, presentado por la Comisión de Salud, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Agua, a iniciativa del diputado José Benito Ramírez Rosas, coordinador de la misma.
El objetivo de la nueva ley es disminuir la incidencia del suicidio en la entidad, y por ende, proporcionar atención preventiva y tratamiento adecuado “a las víctimas potenciales de esta práctica, a sus familias y a los deudos de quienes perecieron por suicidio”.
Su aplicación correrá a cargo de la Secretaría de Salud estatal, en coordinación con las diferentes instituciones del sector y los ayuntamientos; por lo que la primera deberá capacitar, “de manera sistemática y permanente” en la detección oportuna de personas en situación de riesgo suicida.
La ley señala en específico que la capacitación será dada al personal del Sistema Estatal de Salud, así como a los docentes del sector educativo; a los empleados del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), incluida la Casa de las Niñas y los Niños de Coahuila, Sección Albergue; de la Procuraduría de Niños, Niñas y la Familia (Pronnif); del sistema penitenciario y a los integrantes de las asociaciones de padres de familia de los centros educativos.
La dependencia también deberá elaborar un protocolo de atención específico en los servicios de primer nivel de todos los centros de atención médica de la entidad, particularmente del Centro Estatal de Salud Mental (Cesame) y el Hospital Psiquiátrico de Parras de la Fuente, “poniendo énfasis en las áreas de emergencia hospitalaria”; ello además de otro para la coordinación entre los centros hospitalarios, las líneas telefónicas de emergencia y demás instancias que incidan en la prevención del suicidio.
De acuerdo al dictamen aprobado, se obliga al sector salud, a establecer convenios de colaboración coordinada contra el suicidio con instituciones públicas, entidades de la iniciativa privada, centros de socorro, asociaciones religiosas, asociaciones de padres de familia, sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
De igual forma, a llevar un registro actualizado y confiable de los índices de suicidio en la entidad, mismo que deberá ser puesto a disposición de la ciudadanía, en apego la ley de Protección de Datos Personales y la Ley de Acceso a la Información Pública estatales.
La nueva ley, una vez que entre en vigor, señala que deberá instalarse un órgano multidisciplinario e interinstitucional, en el que estarán representados, además del sector salud (que lo encabeza), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Seguridad Pública, “bajo el objetivo de evaluar y fortalecer periódicamente las acciones derivadas de la observancia de la presente ley, en lo cual deberá incluirse también la participación de la sociedad civil”.
Respecto de las acciones preventivas, además de la capacitación, la Secretaría de Salud habrá de hacerse de “unidades itinerantes de salud mental”, que se ocuparán en la “detección y atención eficaz de los casos de conducta suicida”, y lanzar campañas de orientación acerca de cómo anticiparse al suicidio e incluso concretar acuerdo con los medios de comunicación para eliminar la publicación de información que aliente dicha práctica, tomando como base la guía emitida por la Organización Mundial de la Salud para la difusión de noticias sobre suicidio.
La ley también prevé un apartado para el tratamiento de las personas con tendencias suicidas, especifica algunos puntos sobre capacitación y cobertura. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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