Investigan a empresarios y abogados por caso Infonavit

La estimación de al menos 10 mil afectados en Coahuila y la ampliación de responsabilidades a empresarios e incluso despachos jurídicos, son algunos de los avances que hasta ahora ha tenido la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos por Hechos de Corrupción, en el caso que les fue puesto en conocimiento por el propio Poder Judicial de coahuila al detectarse irregularidades en miles de juicios que se llevaron en seis juzgados de la entidad contra derechohabientes del Infonavit.

«Es una cadena de corrupción muy grande a nivel nacional, estuvimos trabajando con la Fiscal Anticorrupción de Nayarit y la forma de corrupción se replicó aquí en Coahuila, en Nayarit y en otros dos estados de la república, donde espejeaban o hacían los juicios de despojo de las viviendas que luego se vendían por lotes a compañías constructoras o inversionistas… inclusive despachos jurídicos que intervinieron también en este fraude», señaló el Fiscal Especializado Anticorrupción, Jesús Homero Flores Mier.

Además de jueces y secretarios del Poder Judicial, habría empresarios e inclusive funcionarios o ex funcionarios de alguna dependencia federal que podrían estar implicados, expuso el Fiscal, quien destacó que es prematuro conocer el número de afectados, pero en el caso de Coahuila podrían llegar a más de 10 mil, «sin embargo todavía no podemos llegar a contabilizar un número real».

«Es una red de corrupción muy grande, que yo no me atrevería todavía a decir que son tantos o cuáles, porque no son todos los que están ni están todos los que son», dijo Flores Mier.

Agregó que hasta el momento se tienen más de 14 funcionarios bajo investigación, algunos de ellos suspendidos por el Consejo de la Judicatura dentro del procedimiento administrativo que sigue el Poder Judicial, y otros fueron reinstalados como un efecto provisional de los juicios de amparo que siguen.

Recordó que en este caso el Consejo de la Judicatura dio vista de seis procedimientos que manejaron ellos al interior, mismos que ya han sido integradas por la Fiscalía a su cargo, pero al continuar las indagatorias se ha encontrado que el asunto era de grandes dimensiones.

El Fiscal indicó que se sigue investigando el modo de operación y la comprobación de las conductas delictivas, «ya tenemos antecedentes que realizaron en el Consejo de la Judicatura y que documentaron de una forma muy clara y precisa los hechos», precisó.

En otra información, señaló que en los últimos tres meses de 2018, se presentaron alrededor de 180 denuncias en contra de instancias del Poder Ejecutivo, donde se incluyen organismos descentralizados, desconcentrados y secretarías, «ellos tienen que ir justificando ante nosotros el total de las observaciones que se les hicieron, debemos ir filtrando cuáles son actos delictivos para irnos enfocando».

La Fiscalía Anticorrupción ha judicializado hasta ahora nueve asuntos, y de un total de 400 carpetas se han resuelto alrededor de 52 carpetas de investigación con alguna forma de solución, como la reparación del daño, donde se han recuperado alrededor de 700 mil pesos y algunas otras con el perdón, pero ninguna ha tenido hasta ahora personas detenidas.

«Recuerde que ahorita los delitos por corrupción no son delitos graves y no ameritan la prisión preventiva, entonces es muy difícil que podamos localizar a una persona en flagrancia, que podamos detenerla en ese mismo momento, que sería el caso cuando podamos determinar ahí la prisión».

Sin embargo, hay medidas cautelares que se han dictado como los siete brazaletes que se aplicaron a ex funcionarios municipales.

Flores Mier dijo que en total se llevan alrededor de 76 juicios de amparo, de los cuales se han ganado todos, y pese a que es un derecho de los ciudadanos, muchas veces dilatan los juicios. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)