Con la firma de los movimientos Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila y México, entre otros organismos nacionales de familiares de personas desaparecidas en el país; la Federación Internacional de Derechos Humanos en México, emitió este jueves una petición al gobierno mexicano para que, antes de proceder a la extradición de Jorge Torres López, juzgue al ex mandatario coahuilense por crímenes considerados de lesa humanidad.
La FIDH solicita a la Fiscalía General de la Nación, juzgar al ex gobernador por delitos de desaparición forzada, tortura y asesinato, “en los que pudo estar involucrado como alto funcionario público de ese estado de la República”, mismos que califican como crímenes de lesa humanidad.
Torres fue detenido el 5 de febrero pasado en Puerto Vallarta y era buscado por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a solicitud de la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA).
La FIDH advierte al Gobierno de México que permitir la salida de Torres López sin juzgarlo en su país, “constituye una afrenta a los numerosos familiares de los centenares de (sic) desaparición forzada que ocurrieron en el 2011 en Coahuila. Ellos esperan que se haga justicia y poder acceder a la verdad sobre estos crímenes que constituyen crímenes de lesa humanidad. Resulta paradójico que Torres sea requerido en otros países y que, en su propio país, México, no haya ninguna investigación en curso en su contra”.
Como se recordará, en 2017 la FIDH publicó y envió a la Corte Penal Internacional, con el apoyo de más de 100 organizaciones, la comunicación (informe): México: Asesinatos, desapariciones y torturas en Coahuila de Zaragoza constituyen crímenes de lesa humanidad. Donde se identificó la existencia de crímenes de lesa humanidad perpetrados por las autoridades estatales responsables de la seguridad con el cartel de los Zetas “en un contexto de innegable colusión”.
En el comunicado emitido este jueves, resaltan como significativo que, en 2011, cuando Torres López fungía como gobernador interino de Coahuila, se haya cometido la “masacre de Allende”, por parte del cártel de los Zetas, “donde se asesinó entre 60 y 300 aldeanos. La evidencia identificada sugiere que Torres López estaba al tanto de lo que se preparaba en Allende, y que los Zetas contaron con la pasividad e incluso con la cooperación de las autoridades”, apunta el organismo.
Añade que, bajo su gestión, el Centro de Readaptación Social de Piedras Negras, se mantuvo como un centro de operaciones de los Zetas (esto en los años de 2008 a 2012) “donde los cuerpos de al menos 150 personas asesinadas habrían sido quemados o disueltos en cubos con ácido”.
“Por todo ello, solicitamos al gobierno de México no extraditarlo a Estados Unidos y abrir lo más pronto posible una investigación seria, imparcial y eficaz que lo lleve ante la justicia por crímenes considerados como de lesa humanidad”. El documento también está firmado por el Obispo de la Diócesis de Saltillo, José Raúl Vera López. (ESMERALDA SÁNCHEZ | INFONOR)
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