CAFÉ POLÍTICO

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EL ESCANDALAZO DE INFONAVIT

En su sexto y último año de gobierno de Rubén Moreira, éste supo del escandalazo que se venía forjando en el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) a través de funcionarios, empresarios y abogados de la región. Lógico es suponer que para defraudar a miles y miles de derechohabientes de ese instituto, se tuvo que contar con la participación y anuencia de jueces y magistrados que prevaricaron con la ley como les dio la gana. Cabe destacar que Moreira desestimo el asunto y nado de muertito como si nada hubiese pasado. Mal pues. El caso es que el gobernador Miguel Riquelme se fajó bien los pantalones y dio luz verde para que iniciaran las investigaciones. Un abuso y libertinaje que fue noticia nacional ya que el fraude abarca a miles de beneficiarios del Infonavit en todo el país, a quienes se les notificó por estrados aquí en Torreón, aunque los demandados vivieran en Tijuana, Tapachula, La Paz o en Matamoros, Tamaulipas. Huelga decir que el presunto fraude asciende a cientos o quizá a más de mil millones de pesos.

NO LE TEMBLÓ LA MANO

Cabe destacar que a don Miguel no le tembló la mano y dio órdenes para que se aplicara la ley sin cortapisas. Así es el Gobernador, firme y justo. Desde hace unos meses ya habían venido a Torreón 12 auditores del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) para checar miles de expedientes. En ellos encontraron una pléyade de anomalías e irregularidades por lo que arreciaron las investigaciones ya que había miles de afectados que habían perdido sus casas, aunque vivieran ahí, solo se habían retrasado en los pagos mensuales. Otros no vivían en las casas del Infonavit e iban al corriente; también fueron despojados. Y así por el estilo. Todas las casas que fueron “recuperadas” a la malagueña (manera ilegal), fueron compradas por inmobiliarias sin escrúpulos quienes revendieron a precios muchos más altos redituándoles un negocio multimillonario. Y como dice el refrán popular: “No hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla”. Mire Usted; el jueves pasado el Consejo de la Judicatura sesionó en Saltillo en donde por unanimidad decidieron que cuatro jueces fueran separados –inmediatamente– de sus cargos, así como secretarios escribientes, secretarios de acuerdos y actuarios.

VARIOS INVOLUCRADOS

Cabe señalar que el TSJE no les ha notificado el cese definitivo –por escrito– a tres jueces civiles y uno letrado. Y como no hay un comunicado oficial, los jueces destituidos no pueden promover el juicio de amparo para que no sean removidos. Los jueces involucrados y separados son: Carlos Santiago Charles Lozoya (Primero, quien se “enfermó” para no acudir con el Magistrado Iván Ortíz Jiménez, quien junto con el Magistrado Jesús Sotomayor, fueron quienes les dieron la noticia de la separación); Juan Gallegos Márquez (Segundo); Guillermo Martínez Galarza (Cuarto); y Jaime Arturo Miramontes (Segundo Letrado). Así las cosas; cuando les notifiquen por escrito –en estos días– a los jueces y a su personal, el Tribunal Superior de Justicia del Estado emitirá el comunicado oficial. El caso promete porque hay varias chipocludos involucrados. Desde empresarios de alta sociedad y de mucho billete, y abogados muy conocidos por todo mundo.

RED DE CORRUPCIÓN

Por cierto, también en Nayarit desbarataron una red de corrupción por –presuntamente– simular juicios en cuatro Juzgados de Primera Instancia, que concluyeron en la adjudicación de más de 40 mil casas de manera ilegal.

La Fiscalía General de Justicia de esa entidad solicitó al Congreso del Estado una solicitud para quitar el fuero a cuatro Jueces y dos Magistrados que –supuestamente– están involucrados en casos de corrupción, falsificación, fraude, tráfico de influencias, abuso de autoridad, peculado, entre otros. Huelga decir que la investigación duró un año y medio en donde se comprobó que se realizó un convenio entre funcionarios y apoderados legales del Instituto del Fondo Nacional de Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), despachos de abogados, un notario y varios funcionarios del Poder Judicial, para llevar a cabo el fraude que afectó a miles de familias en los estados de Tamaulipas, Zacatecas, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Sinaloa y Nayarit. Los juzgados realizaban los juicios sin la presencia de los demandados, falsificaban constancias que hacían sin las debidas notificaciones ni emplazamientos para los acreditados, con ausencia de Ministerios Públicos, concluyendo en sentencias de condena hipotecaria a favor del Infonavit y perdiendo la vivienda los derechohabientes. Es decir, cualquier coincidencia con la realidad de los jueces de Torreón, es mera coincidencia.

MAL JAVIER ARMENDÁRIZ

Ok. Seguimos en temas de tribunales y jueces venales. Bien. Nos reportan que en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, su presidente Javier Armendariz Reyes Retana, no da una. Que es tanta su ignorancia supina en materia de Derecho (sobre todo en Derecho Laboral), que la curva de aprendizaje ha sido de un largo año sin que dé muestras que haya aprendido algo, que sea una persona inteligente y que sea una persona aplicada. Vamos, Javier es todo lo contrario. La gran mayoría de los abogados laboralistas que acuden un día y otro también a las oficinas de la Junta Local, sufren las de Caín debido a que no hay un líder, cabeza o director que ponga orden a todo un desbarajuste y anarquía administrativa que ha venido afectando la marcha de la institución. También se habla de los jugosos “moches” que tienen que dar los abogados para “engrasar la maquinaria” de la justicia, si no, esta no procede, no camina. Carajo, duro de matar pues Don Javier. Por cierto, en breve colegios y barras de abogados presentarán quejas ante el gobernador Miguel Riquelme y ante el Secretario del Trabajo, Román Alberto Cepeda, para que le estiren las orejas y le den fuerte coscorrón a Javier Armendariz que dicho sea de paso, desde que estuvo en SIMAS como apoderado legal, ya era todo un personaje en torcer convenios y sentencias. Estaremos pendientes.