Al apoyar el Punto de Acuerdo que exhorta al Ejecutivo Federal, gobiernos de las entidades federativas y ayuntamientos a prevenir y evitar que la población haga justicia por propia mano, el diputado Rubén Moreira Valdez en nombre del GPPRI dijo que en muchas ocasiones, estos acontecimientos son motivados por la falta de confianza de la ciudadanía en las autoridades encargadas de impartir y administrar justicia.
El legislador por el estado de Coahuila subrayó que ni el crimen más atroz, ni la culpabilidad de un delincuente justifica la justicia por propia mano y los linchamientos se empiezan a convertir en la noticia cotidiana para nuestra sociedad, tanto que en muchas ocasiones pasa desapercibida o pronto se olvida.
“Desde hace algún tiempo, los linchamientos o los intentos de linchamiento, han quebrantado el orden social en diversas regiones del país. Esta práctica es a todas luces condenable y nunca puede ser justificada. Se trata de acontecimientos que constituyen un importante obstáculo para la justicia en México y para la consolidación del Estado democrático y derecho que todos anhelamos” dijo el diputado Moreira.
La justicia por propia mano, continuó, no sólo constituye una importante violación al principio de presunción de inocencia, sino que representa un grave retroceso en materia de derechos humanos; y no obstante, a la barbarie de los linchamientos, se suma el fenómeno de las redes sociales que juegan un papel relevante en la comisión de estos ilícitos, al advertir a través de mensajes sobre supuestos delincuentes y se invita a la población a ejercer justicia por propia mano, lo que en muchas ocasiones termina en tragedias terribles.
Por ello se exhorta a los gobiernos de las entidades federativas para que en coordinación con las instancias de seguridad pública, de procuración de justicia y los municipios, instrumenten y fortalezcan los protocolos en materia de prevención y atención en caso de linchamientos, al tiempo que se destinen mayores recursos económicos, logísticos, de seguridad a los municipios y localidades que requieran atención por el riesgo de inseguridad e ingobernabilidad. (EL HERALDO)
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