Madrid.- El Tribunal Supremo (TS) de España rechazó este jueves en un auto la entrega del ex presidente de la comunidad autónoma de Cataluña, Carles Puigdemont, únicamente por el delito de malversación, y no por los de rebelión y sedición, tras desatar la crisis independentista en octubre pasado.
El auto, firmado por el juez Pablo Llarena, critica la «falta del compromiso» del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein (Alemania), que juzga al líder independentista después de que huyó de España para no afrontar en su país los cargos de que está acusado.
Pese a las críticas a los jueces alemanes, Llarena rechazó en el auto acudir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE).
El gobierno catalán, encabezado entonces por Puigdemont, organizó un referéndum de auto determinación, prohibido de manera previa por el Ejecutivo de España, cuya realización tuvo como saldo decenas de heridos por la intervención de la policía.
Días después, Puigdemont declaró en el parlamento catalán de manera unilateral la independencia de Cataluña, aunque la canceló segundos más tarde y dejó a la comunidad autónoma enfrentada con el gobierno central en una crisis institucional sin precedentes.
Tras lo sucedido, la justicia española le acusó de rebelión, sedición y malversación de fondos, por lo que el líder catalán y varios consejeros huyeron a Bélgica para evitar ser detenidos y juzgados en España.
Puigdemont fue detenido en Alemania cuando volvía de dar una conferencia en Helsinki (Finlandia), aunque posteriormente fue liberado mientras la justicia alemana decidía si le extraditaba a España.
El auto del TS de España de este jueves criticó la «posición cerrada» de los jueces alemanes en un asunto en el que «no tienen cobertura normativa».
Adujo que su labor debería haberse limitado a «comprobar si los hechos descritos por la jurisdicción española están contemplados en la legislación penal de Alemania».
De hecho, así se explica la polémica entre los dos países, ya que el código español tiene tipificado el delito de rebelión y sedición, mientras que en el alemán no existe tal figura, por lo que se complica el proceso de extradición.
La decisión del alto tribunal español supone además «obligar» a Puigdemont a vivir fuera de España, porque si pisa el país ibérico inmediatamente sería detenido, en tanto que esta situación se podría prolongar hasta 20 años.
Persigue, además, un objetivo más ambicioso, que es juzgar al ex presidente autonómico por el delito de rebelión, penado con hasta 30 años de cárcel.
El TS español retiró a su vez las órdenes europeas de detención contra cinco consejeros de Puigdemont por «discrepar abiertamente» de la forma de proceder de los tribunales de los países a los que huyeron. (XINHUA)
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