Washington.- El Gobierno de Donald Trump ha sufrido un golpe en su restrictiva política migratoria al rechazar una jueza federal el encarcelamiento de niños indocumentados juntos a sus padres como pretendía hacer la administración republicana.
Se trata de un «intento cínico» de sortear la ley, consideró la jueza Dolly Gee, de la Corte Federal de Distrito en Los Angeles, en una decisión anunciada el lunes por la tarde (local).
El envío de los menores a la cárcel con sus padres fue la medida con la que Trump decidió poner fin a la separación de familias en la frontera que él mismo inició y que ha llevado a que unos 3.000 menores de edad hayan sido arrebatados de sus padres desde el 19 de abril.
La administración Trump ha bautizado esta política como «tolerancia cero». Lo que hay detrás de todo ello es una política que pretende desincentivar de esta manera la llegada de inmigración ilegal.
«Tengo una solución (para la separación de familias)», dijo este martes Trump a los periodistas antes de emprender viaje rumbo a Europa. «Decir a la gente que no venga a nuestro país ilegalmente. Esa es la solución. No vengan a nuestro país ilegalmente. Vengan como hacen otras personas. Vengan legalmente».
La mayoría de las familias separadas procede de Honduras, El Salvador y Nicaragua y llegaron a Estados Unidos huyendo de la violencia en el llamado Triángulo Norte centroamericano.
La ola de indignación dentro y fuera de Estados Unidos que generaron las separaciones llevó a Trump a firmar el 20 de junio una orden ejecutiva para ponerles fin.
Pero esta no terminó con la persecución penal de los indocumentados, que es la que generaba las separaciones porque los padres son enviados a la cárcel y la ley prohíbe que los niños estén encarcelados más de 20 días.
Lo que Trump pretendía era mantener juntas a las familias obteniendo el permiso de los tribunales para que los niños puedan estar en la prisión junto a sus progenitores. Esa autorización es la que la jueza Gee se ha negado a dar.
La decisión de la jueza de Los Ángeles añade una nueva incógnita a una situación de creada por la administración Trump que, además del sufrimiento de adultos y niños, ha generado desorden y confusión en el sistema.
El Gobierno de Trump tendría que haber devuelto este martes a 102 niños de hasta cinco años a sus padres, pero un juez de San Diego tuvo que prolongar el plazo que le había dado para ello después de que el Departamento de Justicia dijera el lunes que solo estaba en condiciones de devolver a la mitad, ya que aún está realizando comprobaciones para confirmar la relación de parentesco.
Para devolver al resto de los niños -los mayores de cinco años-, la administración Trump tiene de plazo hasta el día 26.
Para poder reunir a las familias, los padres son puestos en libertad mientras se tramitan sus casos en las cortes migratorias y deben llevar tobilleras electrónicas que permiten conocer su paradero.
La organización no gubernamental RAICES ofreció este martes al Gobierno estadounidense 20 millones de dólares para pagar las fianzas de todos los indocumentados que están en prisión y han sido separados de sus hijos. (DPA)
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