CIUDAD DE MÉXICO. Por los desvíos de recursos públicos operados desde dependencias gubernamentales a través universidades públicas se presentaron 17 denuncias penales que involucran un monto de 3 mil 37 millones de pesos, informó Excelsior, en su espacio web.
En la presentación de la primera entrega del informe de la Cuenta Pública 2017, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Colmenares Páramo, detalló el inicio de 11 procedimientos para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria por mil 88 millones de pesos.
“Los 11 procedimientos involucran un monto de más de mil 88 millones de pesos y se relacionan con 72 presuntos responsables, de los cuales 63 son personas físicas y nueve son personas morales”, detalló el auditor.
El 26 de febrero de 2017 Excélsior detalló el modus operandi utilizado por universidades públicas, que dejó un daño al erario en la Cuenta Pública de 2015 por 831 millones 141 mil pesos.
En febrero de este año, este medio también reveló que luego de las auditorías de la Cuenta Pública 2016 el posible daño al erario fue por al menos 968 millones 887 mil pesos.
En relación a las denuncias penales presentadas la mayor parte se trata de irregularidades en la Cuenta Pública de 2015 en relación con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y universidades de Morelos, Chiapas, Estado de México, Durango y Zacatecas, y la Radio y Televisión de Hidalgo.
“En cuanto a los Pliegos de Observaciones, se informa que la ASF emitió 71 referentes a las Cuentas Públicas 2013, 2014, 2015 y 2016. De dichos Pliegos, en 11 casos se inició el procedimiento de fincamiento de responsabilidad resarcitoria”, indica el informe.
Dichas irregularidades que se dan “de manera recurrente”, refiere que dependencias contrataron a otras instancias públicas, como universidades públicas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, subcontrataron 100 por ciento de los servicios a diversas empresas, las cuales: no existen, su objeto social no tiene relación con la actividad para la que fueron contratadas, o se constituyeron de manera repentina.
“El interés de diversos actores se ha centrado en las contrataciones realizadas por tres entidades: Sedesol, Sedatu y Sagarpa”, indica.
Cabe señalar que la ASF fiscalizó un contrato celebrado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y la Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas —con pagos por 8 millones de pesos— y determinó que dicha institución de educación superior no disponía de la capacidad técnica para participar como proveedor.
Del Informe de la Cuenta Pública 2017, Colmenares Páramo detalló que de las mil 592 auditorías programadas para la fiscalización, en esta ocasión se presentan 344, es decir, 22 por ciento.
“La ASF emitió 724 Recomendaciones, 337 Pliegos de Observaciones, 620 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 33 Promociones del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 176 Solicitudes de Aclaración”, indicó.
Entre otras irregularidades presentadas se encuentra el programa Prospera, ya que no se pudo determinar el cumplimiento del objetivo general de dicho programa, en cuanto a ampliar las capacidades en alimentación, salud y educación de quienes reciben sus apoyos, ni de mejorar su bienestar socioeconómico, mediante la vinculación con programas federales.
“Se determinó que siete dependencias (Sagarpa, Aserca, Senasica, Sedatu, SCT, INBA e INDAABIN) no reportaron a la Tesorería de la Federación dos mil 735 garantías por tres mil 82 millones de pesos”, indicó el auditor.
En materia de guarderías, se detectó que el IMSS e ISSSTE no cumplen de manera suficiente pues no hay garantía física de los menores ni hay certeza de que los servicios sean con calidad o que el personal esté calificado.
RECONSTRUCCION y NAICM
La ASF informó que analizará el desempeño de las instancias que se encargaron en la atención a los afectados por los sismos de 2017, así como la fiscalización del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
“En particular, se fiscalizará la gestión realizada por el Sistema Nacional de Protección Civil, así como la participación de las dependencias federales involucradas en la aplicación de recursos del Fonden”, explicó Colmenares.
En el caso del NAICM el proyecto se integrará por revisiones anuales, además del diseño de un Programa de Mediano Plazo (2018-2023); primero se revisará a la SCT, y a otras instancias como Sedatu, Semarnat, Sargarpa y Sedesol. (EXCELSIOR)
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