Un tribunal mexicano ordenó este lunes la creación de una comisión de la verdad para indagar la desaparición de los 43 normalistas en el sureño estado de Guerrero, ocurrida en 2014, informó el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
En un inédito fallo, los tres magistrados del Primer Tribunal Colegiado en el estado de Tamaulipas establecieron que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) no realizó una pesquisa «pronta, efectiva, independiente ni imparcial» en torno al rapto y desaparición de los estudiantes en la ciudad de Iguala hace casi cuatro años.
Los magistrados Mauricio Fernández, Juan Antonio Trejo y Héctor Gálvez resolvieron, por unanimidad, la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia del crimen, conocido en México como el Caso Iguala, indicó el CJF en una tarjeta informativa.
«Ante las graves violaciones a los derechos humanos, como lo son la tortura, desaparición forzada de personas y ejecuciones extrajudiciales, y debido a que se ordenó investigar la participación de las autoridades de los tres niveles de gobierno, aunado a que en México no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó crear la comisión», dijo.
El tribunal con sede en la fronteriza ciudad de Reynosa determinó que la comisión sea integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Ministerio Público de la PGR, teniendo los dos primeros actores la decisión de las líneas de investigación a seguir y las pruebas a desahogar.
Los estudiantes de la normal rural «Raúl Isidro Burgos» de la localidad de Ayotzinapa, Guerrero, fueron raptados por policías de Iguala cuando circulaban en varios autobuses por esa ciudad el 26 de septiembre de 2014.
Según la hipótesis de la PGR, los oficiales los entregaron a sicarios de la organización criminal «Guerreros Unidos» que los mataron porque los confundieron con integrantes de un grupo rival y, al día siguiente, desaparecieron sus cuerpos en una gran hoguera en un basurero de la vecina localidad de Cocula.
Los magistrados determinaron la creación de la comisión dentro de un fallo en el que ampararon a varios hombres presos por el caso, quienes presentaron demanda de juicio de garantías alegando haber sido torturados por los agentes tras su detención.
Se trata de individuos arrestados por las autoridades mexicanas en distintas fechas de 2014 y 2015 como supuestos miembros de «Guerreros Unidos» sospechosos de participar directamente en los hechos.
El CJF abundó que los magistrados ordenaron que se reponga el procedimiento a los acusados y requirió a la PGR para que peritos independientes dictaminen mediante el protocolo de Estambul si fueron torturados, estudio que tendrá que ser presentado a los jueces.
«En caso de no presentarlos con las exigencias del protocolo, se determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados fueron obtenidas mediante tortura», subrayó el CJF.
La supuesta tortura de la que habrían sido objeto varios de los detenidos fue alertada en marzo pasado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) en un informe especial, que el gobierno mexicano respondió señalando que esa práctica estaba acreditada sólo «en algunos casos excepcionales» que ya eran de conocimiento público.
A la fecha, las agencias de seguridad mexicanas han arrestado a más de 130 personas por el caso, incluidos los entonces alcaldes y jefe de la Policía de Iguala, pero sigue sin existir una certeza del destino de los jóvenes.
La pesquisa de la PGR ha sido cuestionada por los familiares de los estudiantes, que rechazan la hipótesis de que fueron calcinados porque dos estudios independientes posteriores desestimaron que 43 cuerpos pudieran ser desaparecidos en la hoguera de Cocula. (XINHUA)
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