En la mira de la PGR: Anaya, gobernador de Querétaro y líder del PAN

Los penthouse del Corporativo Blanco, uno de los edificios más importantes de Querétaro, funcionaban como el cuarto de guerra del grupo de Manuel Barreiro Castañeda. En sus dos pisos se incluyó la mejor tecnología y muy fina decoración: paredes forradas con maderas costosas, cuadros y esculturas de autor, tapetes de lana cruda de Perú, muebles con piel color blanca, mesas de mármol, una cava con vinos y bebidas selectas, y los libros de arte de colección.

Según una investigación realizada por ejecentral.com, Esos dos últimos niveles fueron construidos después de terminado el edificio de 16 pisos- que terminó de 18- por lo que hubo que reforzar la estructura para sumar los penthouse, donde también se celebraban brindis con empresarios, políticos y socios, quienes muchas veces llegaban al helipuerto que también construyeron Barreiro y sus socios, y en el que aterrizó, en varias ocasiones, de acuerdo a testimonios, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez.

Esta oficina es el punto de partida de la Procuraduría General de la República (PGR) en las investigaciones contra Manuel Barreiro Castañeda y 115 personas que aparecen como socios, miembros del consejo o notarios de 35 empresas vinculadas al caso, que las autoridades investigan por operaciones sospechosas con las que se habrían lavado millones de pesos.

La información recabada por este semanario también revela que hasta ahora, la PGR aseguró tres inmuebles, al menos 10 cuentas bancarias y fondos de inversión de igual número de empresas vinculadas a Barreiro Castañeda. Solicitó más órdenes de cateo para ingresar a ranchos, oficinas y departamentos ubicados en Jalisco, Querétaro y la Ciudad de México. Y además, busca los registros aeronáuticos de dos avionetas y un helicóptero; también documentos de dos inmuebles en Miami.

Este empresario es la piedra angular de las pesquisas de las autoridades federales, en las que también aparecen los nombres de tres personajes: el gobernador Francisco Domínguez Servién, Ricardo Anaya y hasta a Damián Zepeda, actual presidente del PAN.

Si bien ninguno de los tres panistas aparece en los documentos constitutivos de las empresas, en el expediente que integra la PGR aparece información sobre su relación con notarios públicos y algunos socios, así como testimonios de tres personas interrogadas por los investigadores, y la operación de compra-venta que realizó el candidato a la Presidencia de la República de una nave industrial.

La Procuraduría los coloca como sospechosos de ser cómplices o incluso de utilizar prestanombres, pero ser alguno de ellos, especialmente Anaya, los verdaderos socios en las empresas. Tres de ellas son consideradas fantasmas por las autoridades.

Ejecentral por primera vez muestra el entramado que forma parte de las investigaciones de la PGR, que iniciaron en febrero de 2017 en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, que dirigía entonces Alberto Bazbaz, actual director del Centro de Seguridad Nacional (Cisen). Las fuentes consultadas aseguraron que en las pesquisas colaboran las tres dependencias.

Si bien Manuel Barreiro constituyó su primera empresa a principios del 2000, su crecimiento económico fue notorio en la última década, pero se potencializó en los últimos cuatro años, cuando creó el mayor número de compañías.

La hipótesis central de las autoridades federales es que, en los últimos años, Manuel Barreiro, un joven empresario que llegó a vivir a Querétaro y que estudió la licenciatura en Comercio Internacional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) en la entidad, y que siempre disfrutó de una posición económica acomodada, constituyó las empresas y, junto con compañeros de escuela, amigos de la juventud, familiares y profesionales creó otras 20 compañías. Al menos tres de ellas son fantasma, y las utilizó para obtener recursos, dispersarlos para perder su origen y evitar impuestos, y luego enviarlos a paraísos fiscales.

De las más de 100 personas que aparecen en las compañías, muchas de ellas integrantes de las familias más conocidas de Querétaro, la Procuraduría investiga si conocían o no las operaciones que presume eran ilícitas, para determinar responsabilidad. Otro de los sectores investigados por la dependencia federal son los siete notarios que dieron fe de las empresas, particularmente Estela de la Luz Gallegos Barredo, notaria número 31 de Querétaro, quien validó la constitución de 11 empresas.

 

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