Ciudad de México.- Los estados del país necesitan casi cinco años para completar el número de policías considerados como un estado de fuerza mínimo para resguardar la seguridad de la población, de acuerdo con un diagnóstico elaborado por la Secretaría de Gobernación (Segob).
La página web de Expansión señaló que el estudio Modelo Óptimo de la Función Policial, con corte al pasado 31 de octubre y publicado a finales de diciembre, incluye datos que ilustran el tamaño del pendiente en materia de formación de agentes para enfrentar la crisis de seguridad pública.
¿QUÉ SE TIENE?
El reporte de la Segob indica que actualmente se cuenta con 120,001 agentes preventivos estatales aprobados en las evaluaciones de control de confianza. Esta cifra es la mitad de lo mínimo que debería haber para alcanzar el estándar idóneo, de 1.8 policías por cada 1,000 habitantes. Alcanzar este nivel implicaría contar con un total de 235,944 elementos.
Este indicador salió de un cálculo de la Segob, que consideró el promedio de dos valores: el número de policías estatales promedio en México (0.8 por cada 100,000 habitantes) y el promedio internacional (2.8 por cada 100,000 habitantes en los países integrantes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU). El punto medio entre estos dos valores es el indicador citado de 1.8 policías por cada 100,000 habitantes.
¿QUÉ SE NECESITA?
Para formar a los nuevos elementos, las entidades federativas cuentan con una capacidad en sus academias de policía para 12,187 cadetes por cada ciclo. Tomando en cuenta que el programa de formación inicial del perfil de policía preventivo consta de seis meses, dichos institutos podrían capacitar al doble cada año, es decir, hasta 24,374 agentes anuales.
«Para egresar a los 115,943 nuevos elementos que se requieren para completar el estado de fuerza idóneo, serían necesarios 4.7 años con las capacidades actuales», indica el documento de la Segob.
¿BASTA CON TENER MÁS POLICÍAS?
El diagnóstico, que se actualizará trimestralmente, señala que las corporaciones policiales, además de considerar la cantidad de elementos, también deben tomar en cuenta aspectos cualitativos para lograr la consolidación de las instituciones de seguridad pública que se requieren.
La evaluación a las policías estatales consta, aparte del estado de fuerza mínimo, de los indicadores de Evaluación de Permanencia y Programa de Depuración Policial; Certificado Único Policial; Actualización en el Sistema de Justicia Penal; Academias o Institutos de Formación Policial; Mejora de las Condiciones Laborales para el Fortalecimiento del Desarrollo Policial; Comisión del Servicio Profesional de Carrera; Comisión de Honor y Justicia; Unidades de Operaciones Especiales, Policía Cibernética y Policía Procesal, y Protocolos Mínimos de Actuación Policial.
¿EN QUÉ CONTEXTO SE DIFUNDE ESTA INFORMACIÓN?
La difusión del documento se dio días después del cierre del más reciente periodo ordinario de sesiones del Congreso, en el que la discusión sobre las políticas de combate a la inseguridad que necesita el país marcó el trato entre diputados y senadores.
Antes de irse de receso, las cámaras aprobaron una Ley de Seguridad Interior, la cual ya fue promulgada y en la que se establecen las reglas para que los soldados y marinos intervengan en tareas para combatir a la delincuencia.
Mientras el gobierno federal y los partidarios de la legislación afirman que ésta dará certeza a la actuación de las Fuerzas Armadas desplegadas en las calles, los detractores de la norma argumentan que provocará que los militares permanezcan fuera de los cuarteles por tiempo indefinido, pues el documento no incluye aspectos como su retiro paulatino ni tampoco medidas para fortalecer a los cuerpos de policía.
En este contexto, se prevé que la Ley de Seguridad Interior sea impugnada ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que deberá resolver si es constitucional o no. Además, se espera que el tema de la inseguridad sea uno de los que marquen la actual contienda electoral. (EXPANSIÓN)
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