México: AMLO y la prueba del tiempo
Todo nuevo gobierno –y más cuando se trata del relevo en el grupo gobernante, de ideas y edades– tiene una luna de miel. Basta recordar que a mediados del 2017, hace no mucho tiempo, el político casi independiente francés Emmanuel Macron sorprendía con su imagen y llevaba a un entusiasmo en América. En México algunos comenzaron a declarar: “todos somos Macron”. La realidad del poder bajó bonos políticos y hoy nadie quiere poner a Macron de ejemplo.
El entusiasmo que despertó en la campaña el discurso anti sistema de López Obrador tuvo una fugaz luna de miel. Puede decirse, inclusive, que la luna de miel se dio antes de jurar el cargo oficialmente. A la espera de la ceremonia de investidura, la mayoría lopezobradorista en el Congreso aprobó una ley de salarios a la baja y el despido de decenas de miles de trabajadores públicos, además de una austeridad determinada por un presupuesto de gastos limitado con cada vez mayores beneficiarios sociales.
Los más afectados por la reducción de salarios y empleos públicos fueron votantes de López Obrador. Y los simpatizantes dudosos perdieron confianza por el manejo del aeropuerto de Texcoco y algunas obras públicas polémicas. Por eso es que la verdadera prueba de fuego de López Obrador comenzó el 2 de enero, cuando el sector público comienzó sus funciones ya con restricciones y demandas legales.
El peor enemigo de los políticos populistas mexicanos es el tiempo en tres niveles: la no reelección que deja a los presidentes un espacio de seis años, aunque en realidad son cuatro porque el primero se gasta en equilibrios precarios de poder y el último se pierde en la operación desde la oficina presidencial de la designación del candidato del partido en el poder; el relevo total de los 500 diputados en julio del tercer año, el 2021, y ahí siempre el partido en el poder paga el desgaste de las inconformidades con pérdida de asientos y por tanto mayorías debajo de 50% e incluso menor; y la dinámica en la élite gobernante en la disputa por posicionarse en la lista de candidatos presidenciales, desde semanas antes de la toma de posesión y en la distribución de los ministerios.
López Obrador es un político de acción, de liderazgo único y de dominación de grupo. Todo presidente en el cargo sueña con imponer a su candidato, conducirlo en la campaña, hacerlo ganar y quedarse como jefe político tras bambalinas. Quince presidentes violaron las reglas de protocolo del poder para imponer a su candidato para seguir gobernando a trasmano y fracasaron, porque en México el poder presidencial es indivisible.
El proyecto de gobierno de López Obrador requiere –como lo necesitó el de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)– de cuando menos cuatro sexenios o un cuarto de siglo. Sin embargo, las leyes de la circulación de las élites y el fuerte poder de la presidencia sólo han permitido, desde la institucionalización con la Constitución de 1917, solo dos sexenios, y no siempre tersos porque han ocurrido magnicidios de por medio o rupturas inevitables.
A ello se agregan los reacomodos naturales entre los grupos de poder del sistema político mexicano. Las guerrillas burocráticas perfilan espacios de dominación con miras a la candidatura presidencial de 2024.. López Obrador es un político enérgico, pero su tendencia al liderazgo individual lo debilita ante una burocracia de casi 4 millones de personas. Muchas de sus decisiones han sido personales y no estratégicas o desde una estrategia personal que no mide la administración de rechazos.
La mayoría legislativa de 53% de diputados de su partido-movimiento Morena tendrá un ajuste a la baja en la renovación de la Cámara en el 2021, pero con el dato adicional de que cuando menos un tercio de los votos del pasado 1 de julio de 2018 se irán al voto de repudio por el recorte de salarios y de puestos públicos y de protesta por la forma unilateral de tomar algunas decisiones. El sistema legislativo mexicano es de coaliciones porque por mandato constitucional de 1993 ningún partido puede tener más de 300 diputados (60%), a pesar de acreditar votos, a fin de obligar a coaliciones para alcanzar el 67% de votos (334 diputados) que exige la ley para modificar la Constitución.
El PRI tuvo una votación superior al 67% hasta las elecciones legislativas de 1982; a partir de 1985 sólo lograba la primera minoría debajo de 50%: hoy tiene apenas el 9.5% de diputados, 47 de un total de 500. Morena se estrenó como partido electoral en las elecciones legislativas de 2015 y apenas logró 8.8% de los votos y 35 de 500, pero con la candidatura presidencial dio un salto cualitativo en 2018 al conseguir 256 diputados, el 51.2% de la Cámara; para conseguir la mayoría calificada necesitaría 80 diputados mas que, en efecto, sí podría conseguir con sus aliados electorales y algunos descontentos de partidos de oposición.
El primer mes de gobierno de López Obrador sacudió la estructura del sistema, pero a costa de perder aliados afectados con la austeridad y sin sumar nuevos seguidores. El problema del modelo lopezobradorista radica en su perfil populista: beneficios sociales a cambio de lealtad electoral; si no hay beneficios sino perjuicios, entonces la fórmula se invierte: a más afectados, más votos en contra de López Obrador en el 2021.
Lo que más afecta a la política mexicana es la normalización de las sorpresas y el desgaste del cargo. López Obrador lleva un mes con conferencias de prensa de 7 a 8 de la mañana de lunes a viernes y el interés nacional ha declinado. En cambio, las bajas salariales y de personal han generado mayores críticas que apoyos.
Todo liderazgo populista cotidiano necesita todos los días revalidar las expectativas. Y en México las expectativas comienzan a disminuir simpatías.
@carlosramirezh
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