INDICADOR POLÍTICO

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Guerrero sin la estrategia AMLO: romper complicidades criminales

ACAPULCO, Gro.- La celebración de las fiestas patrias en zonas controladas por el crimen organizado mostró dos indicios: algunas sociedades locales lamentablemente han decidido convivir con la delincuencia y ajustar su día a día a esas circunstancias y la estrategia de seguridad de López Obrador se ha olvidado de la problemática particular de cada plaza contaminada.

En Guerrero y sus zonas turísticas, por ejemplo, las fiestas transcurrieron con la normalidad propia de territorios amenazados por el narco. La iniciativa del gobierno priísta de Héctor Astudillo de legalizar parte del cultivo de amapola abrió expectativas entre los propios sembradores y comerciantes y podrían disminuir las tensiones de la violencia.

Y a pesar de que las cifras de muertes violentan mantienen su ritmo, la guerra por el control de zonas territoriales ha disminuido. En todo caso, queda la criminalidad al menudeo más difícil de controlar porque responde a pequeños grupos y hasta a delincuentes individuales. En cambio, en Chihuahua, Michoacán. Tamaulipas y Quintana Roo la inseguridad sigue creciendo por la ausencia de una autoridad decidida a no permitir la complicidad con alguno de los grupos en pugna y la respuesta violenta de otros grupos.

Los datos de investigadores revelan las características especiales de la violencia criminal en Guerrero:

1.- La ausencia del Estado y del desarrollo.

2.- La ambición de explotar de manera privada zonas turísticas, desplazando a los habitantes pobres y sin atender las desigualdades.

3.- Los cacicazgos políticos del PRI y ahora del PRD.

4.- La pasividad y complicidad de los gobiernos perredistas 2005-2015 con el crimen organizado.

5.- Y la crisis de los organismos federales de seguridad política, criminal y judicial del Estado para permitir el asentamiento y consolidación de cuando menos diez grupos criminales.

La gubernatura priísta de Héctor Astudillo arribó en la peor crisis de gobierno de la entidad: el fracaso de la administración de Zeferino Torreblanca, la gestión interrumpida del priísta-neoperredista Angel Aguirre Rivero y la crisis del caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Temas de seguridad, guerrilla, alianzas criminales entre cárteles e instituciones sociales y abandono del Estado federal se mezclaron para distorsionar la seguridad.

El problema en Guerrero no radica en las primeras lecturas de las cifras de violencia criminal, sino en la percepción de si el gobierno priista ha logrado recuperar algunos hilos de control institucional que había perdido el ciclo perredista. Los datos indican que la sociedad sigue quejándose de la falta de resultados, pero la ruptura de las complicidades institucionales gobierno-criminales ha disminuido la impunidad.

El primer paso en toda estrategia de seguridad ha sido dado en Guerrero, pero faltan otros igualmente importantes: programas de desarrollo, capacitación de policías locales, organizaciones de la sociedad civil para apoyar a las políticas de seguridad. Al final de cuentas, la pobreza, la desesperación local y la falta de presencia institucional del Estado federal y del Estado local dejaron la imagen de un gobierno al garete.

A diferencia de otras entidades donde los gobiernos estatales han sido rebasados por el crimen organizado –Michoacán, Tamaulipas, Quintana Roo, Chihuahua y Veracruz, y pronto en Oaxaca, Tabasco y otras–, en Guerrero las autoridades locales han estado experimentado algunas propuestas específicas, aunque en el último año y medio el gobierno federal ha extraviado su estrategia integral de seguridad y su accionar se reduce a la presencia policiaca en las calles.

La clave de toda estrategia de seguridad radica en la recuperación del control de la soberanía territorial del Estado de las zonas ocupadas por el crimen organizado. La iniciativa del gobierno de Guerrero de legalizar parcialmente la amapola debería de tener asociado también programas agropecuarios para darles a los campesinos una alternativa a la agricultura de la droga.

Hasta ahora la estrategia de seguridad del gobierno electo se ha reducido a la organización de la burocracia y a la redistribución del poder policiaco. Si no hay pronto y antes de la toma de posesión un programa integral de seguridad, el equipo de López Obrador habrá perdido la oportunidad de la sorpresa.

El escenario de la política de seguridad para 2015-2025 oscilará entre Tamaulipas nuevamente perdido y Guerrero parcialmente recuperado.

 

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