Por concluir investigaciones sobre curas pederastas en Saltillo y Piedras Negras

 

El Fiscal General de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, aseguró que las investigaciones sobre los casos de pederastia que involucran a sacerdotes de la Iglesia Católica en la entidad, están a punto de ser concluidas para darse inicio de forma inmediata a los procesos de judicialización, dentro de los cuales podrían ser citados a declarar los obispos de Saltillo y Piedras Negras, así como otras personas señaladas como partícipes de estos casos.

Márquez Guevara dijo lo anterior en entrevista, e indicó que dentro de las carpetas de investigación que actualmente se integran, se tienen documentadas cinco o seis víctimas, aunque se dice que pueden ser más, lo que podrá determinarse de acuerdo a los medios de prueba que se alleguen.

Indicó que es difícil precisar el número de afectados por este delito, ya que en ocasiones hay renuencia o reserva en las declaraciones que las mismas víctimas rinden, no hay una apertura total para poder determinar la totalidad de los elementos del cuerpo del delito.

“Se están integrando las carpetas, se están allegando datos de prueba para tratar de concluirlas a la brevedad posible y eventualmente cuando se hayan acreditado los cuerpos del delito, se podrá hacer la judicialización correspondiente. El número de sacerdotes involucrados en estos casos no puede ser revelado, aunque tenemos a tres o cuatro personas señaladas por una coparticipación”, dijo el Fiscal.

“El Obispo (Raúl Vera) no ha sido citado, esperamos avanzar en la investigación y determinar si puede ser citado, la determinación en específico es hasta que haya concluido la investigación. Se investigan delitos de orden sexual, hay aspectos que no pueden ser revelados por la secrecía de la investigación, hay que recordar que luego se vicia y se corre el riesgo de entorpecer el proceso”, agregó.

Mencionó que dentro de la investigación por delitos de orden sexual que se sigue en estos casos, en los que la totalidad de los afectados son menores de 18 años, la ley tiene prevista una serie de medidas de protección para las víctimas, cuya aplicación se aplica de forma oficiosa dentro de la carpeta de investigación. (ÁNGEL AGUILAR)