Necesario, combatir crimen tras fuga de “El Chapo”: Barbosa

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El Universal .-

MÉXICO.- El presidente del Senado, Miguel Barbosa (PRD), afirmó que para el arranque de la LXIII Legislatura, en septiembre próximo, las prioridades legislativas son completar las reformas pendientes en materia de transparencia, combate a la corrupción, seguridad pública, pero además conformar una nueva política de combate al crimen.
Barbosa recordó que los lamentables acontecimientos de Iguala donde 43 normalistas fueron víctimas de desaparición forzada y la fuga de Joaquín Guzmán Loera, líder del Cártel de Sinaloa del penal del Altiplano, “expresan la necesidad de establecer una nueva política criminal y consolidar los avances que se han logrado en transparencia y corrupción”.
El legislador reiteró que es necesario reinstituir la extinta Secretaría de Seguridad Pública federal, a fin de fortalecer la estrategia de política criminal y coadyuvar a la prevención de los delitos, buscar un sistema de justicia eficaz y profesionalizar a los policías.
“Se buscará transformar el sistema penitenciario, promover la participación ciudadana, aumentar la cooperación internacional, elevar la coordinación entre niveles de gobierno y fortalecer las tareas de inteligencia”, dijo.
Barbosa Huerta comentó que con la creación de la Ley General en materia de Acceso a la Información, el Congreso deberá expedir la ley que regule el nuevo INAI y reformar la Ley Federal de Datos Personales en Posesión de Particulares.
“En este tema también están pendientes la ley para la organización y administración homogénea de archivos a nivel federal, estatal, municipal y del Distrito Federal, y la Ley de Propaganda Gubernamental”, dijo.
Expresó también, que en relación al Sistema Nacional Anticorrupción, se requiere expedir cinco nuevas leyes, entre ellas, la que regula la organización y facultades de la Auditoria Superior de la Federación; la ley para normar la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales.
Además, la ley del Tribunal Federal de Justicia Administrativa; la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; y la Ley General para establecer competencias y responsabilidades administrativas de los servidores públicos y la sanciones aplicables. (EL UNIVERSAL)

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